La ley nacional de Paraguay también establece con firmeza el derecho a la tenencia comunitaria y el disfrute de los territorios indígenas.

A pesar de estas obligaciones jurídicas, y de los intentos continuos de establecer un diálogo por parte de la comunidad, los seis meses en la plaza se caracterizaron por el silencio del gobierno. Como menciona Mirna Robles, miembro de una red de apoyo ciudadana que se formó alrededor del grupo indígena, “Fueron prácticamente ignorados todo el tiempo. Estuvieron allí en la plaza al lado de las máximas autoridades del país y en ningún momento se les dio ninguna garantía en relación con lo que ellos pedían.”

Ayala explica: “Si bien Paraguay tiene una constitución que en relación a derechos de pueblos indígenas es relevante, no tiene un procedimiento jurídico adecuado que puedan utilizar las comunidades indígenas, como Tacuara'i, para demandar el reconocimiento de derechos sobre sus tierras.”

Pese a la orden específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que el gobierno paraguayo aborde esta falta de procedimiento adecuado, no se ha observado ninguna señal de que esto suceda. Como resultado, las comunidades que afrontan problemas relacionados con la tierra se encuentran en el abandono.

Otra señal de la negligencia gubernamental hacia la población indígena es el subfinanciamiento crónico y la ineficiencia del personal del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)—la institución encargada de responder a las necesidades de los 116.000 indígenas de Paraguay (un 2% de la población total).

En relación al reclamo de la comunidad Tacuara'i, la presidenta del INDI, Ana María Allen, afirmó, “Están pidiendo algo que es imposible darles. Piden tierras ancestrales y ya escapa del INDI”. Después, dijo que era un grupo fraudulento que no tenía ningún vínculo con el territorio en cuestión.

En adición a este vacío legal, el INDI tampoco dio apoyo práctico a la comunidad durante su estancia en la plaza. Como resultado, tuvieron que afrontar hambre, pobreza extrema y temperaturas llegando a los 40 °C. Ayala afirma que la falta de provisión de seguridad produjo el asesinato de Francisco López, un joven indígena, el 24 de febrero, en circunstancias que aún no se han aclarado.